El vocero de la red ciudadana Chile Sin Transgénicos y empresario agrícola, Cristián Sauvageot, recalcó que la aprobación del Convenio UPOV91 dará paso a "un cambio que puede ser nefasto para la agricultura que conocemos, donde la semilla es propiedad de los agricultores".
Con el nuevo escenario, "la semilla poco a poco empieza a quedar en manos de privados y eso va generando un monopolio de las semillas", indicó a Cooperativa.cl.
Con el nuevo escenario, "la semilla poco a poco empieza a quedar en manos de privados y eso va generando un monopolio de las semillas", indicó a Cooperativa.cl.Sauvageot destacó que "aquí las aprobaciones han sido básicamente por desinformación de las consecuencias que trae esto para la agricultura chilena y va en directa relación con que todo esto, en el mundo entero, se ha hecho desinformando a los senadores".
"Las empresas hacen grandes lobbies, hacen grandes seminarios e informan entonces de una supuesta situación beneficiosa para los agricultores en circunstancias que hay suficientes antecedentes de que no es así: lo que se genera es un monopolio y en general se trabaja a escondidas", añadió el empresario agrícola.
Sauvageot destacó que la aprobación del proyecto se pretende impugnar ante el Tribunal Constitucional "por no haber consultado a las etnias, que también se ven afectadas, porque ellos son propietarios de semillas, son los propietarios ancestrales de muchas variedades de semillas, entonces esa es una consulta que debe hacerse sino sería pasar a llevar una vez más a las etnias de Chile y los indígenas no soportan un atropello más". El recurso ante el TC, presentado por un grupo de parlamentarios de la Concertación, busca impedir que sea promulgada la reciente ley, que ratificó el UPOV 91 el pasado 11 de mayo en la Sala del Senado y quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo.
Se trata del senador del MAS, Alejandro Navarro, la DC Ximena Rincón y el PPD Jaime Quintana, que acusan que el convenio impedirá a los campesinos guardar sus semillas -deben comprarlas anualmente- y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
"Permite todo sin controlar nada"
Cristián Sauvageot indicó que junto con la impugnación al Tribunal Constitucional se debe prestar atención a la Ley de Obtentores Vegetales, que aún no ha sido revisada por el Congreso y que requiere, según el vocero, de una serie correcciones antes de ser aprobada. "La ley de obtentores vegetales es la que viene como consecuencia de un tratado como el UPOV 91: ahora lo que corresponde hacer es que se incorporen otros tratados que están vigentes para Chile como el Convenio para la Diversidad Biológica, hay un tratado de Nagoya que habla sobre la diversidad biológica y un protocolo de Río de Janeiro que habla del principio de precaución cuando se está hablando de estos temas, que van abriendo las puertas a los transgénicos", señaló Sauvageot.
"Todo eso se está ignorando y se está aprobando una ley que prácticamente, así como está, permite todo sin controlar nada", precisó.
Sauvageot espera que los parlamentarios hagan "una buena ley de obtentores vegetales", que considere los derechos de los agricultores.
"El ideal es que la ley se discuta primero para que no sea influenciada por las obligaciones que el Convenio UPOV 91 trae, entonces la idea sería que este convenio fuera impugnado, fuera consultado a los indígenas, y fuera discuta esa ley al menos en paralelo y también respetando todos los tratados", añadió.
"Con 13 votos a favor , 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.
Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.
Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
LOS AMIGOS DE MONSANTO
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ‘78 y no al ‘91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual."
La ratificación del convenio UPOV-91(Unión para la Protección de nuevas variedades de Plantas) en Chile, es una directa consecuencia de la política de tratados de libre comercio que marcaron la agenda de la cancillería durante la pasada década, y cuya máxima expresión fue la asociación bilateral con la Unión Europea y Estados Unidos.
Sus efectos todavía son inciertos, ya que debe promulgarse una ley nacional que lo haga aplicable, pero todo parece indicar que la privatización de las semillas perjudicará a los Pueblos Indígenas y a los campesinos.
"Así se acaba la vida y empieza el sobrevivir", con esas palabras concluía su famosa carta el jefe Seattle de la Tribu Suqwamish, la misma en que le preguntaba a los blancos "¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?. Esa idea es para nosotros extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podría alguien comprarlos?".
Con poética extrañeza, expresaba cuan ajena a su mentalidad era la posibilidad de que sus tierras ancestrales pudieran comprarse. Hoy día, casi 150 años después, la globalización se ha extendido hasta prácticamente todos los rincones del planeta, y muy especialmente la globalización económica que sigue proponiéndo ideas que hasta ahora -a muchos- parecen extrañas.
¿Cómo podrían patentarse las semillas tradicionales, las variedades de vegetales que han alimentados a los seres humanos por siglos?¿Cómo puede privarse al agricultor del derecho a guardar en su granero semillas para el año que viene?. No sólo a los indígenas estas ideas les parecen "contra natura", a cualquier campesino europeo y norteamericano también les ha significado un inmenso perjuicio.
En principio UPOV-91 protegía sólo a las nuevas variedades de plantas, es decir aquellas modificadas y/o transgénicas, pero la experiencia en otros lugares, ha demostrado que también ha servido para la apropiación de semillas tradicionales.
Su aprobación no quiere decir necesariamente que las variedades naturales vayan a privatizarse, pero abre esa posibilidad, y la posibilidad depende de la ambivalencia con que se reglamente el convenio en Chile.
El texto aprobado por el Senado ya ha sido reconocido por alrededor de 68 países. Es un tratado multilateral, pero no procede de ningún consenso del Sistema de Naciones Unidas.
Originado en Europa ha ido sumando Estados con la expansión del libre comercio. Y en el caso particular de Chile, es una exigencia del TLC con Estados Unidos.
La bióloga Isabel Manzur, señala que "es un tratado que promueve los intereses de los países más industrializados, porque como ellos generan tecnologías, tienen interés de que sea protegida por derecho de propiedad".
Ley Monsanto
Aunque no es la única empresa de semillas, la transnacional Monsanto le da su sello como sobrenombre a la ley porque "acapara el 91% del comercio mundial de este tipo de semillas". El nivel de concentración de la propiedad en ese mercado, obliga a pensar en para quién se legisla.
UPOV-91, explica Manzur "se extiende a todas las variedades de plantas, versus la versión anterior, en que cada país podía designar las plantas que quería proteger, podemos decir que pueden empezarse a tomar derechos de propiedad sobre plantas agrícolas, silvestres, nativas, y variedades tradicionales".
"En la versión de 1978 solamente se puede proteger el material reproductivo, es decir la semilla o algún estolón, y en la versión de 1991 se expande al uso comercial a todo el material de la variedad: la semilla, la cosecha, los productos elaborados como la harina y el trigo".
"Se abre un registro para las variedades que están siendo usadas normalmente, y si uno tiene su semilla de un tomate limachino y no la registra, y va el variador y la registra, y puede decir que es nueva porque no ha sido registrada antes."
Por ello, sobre la privatización de las semillas tradicionales, aclara Manzur "tiene que ver con el sistema de registro que se va a implementar, y que no sabemos como va a funcionar. Depende de cómo nosotros redactemos la ley chilena, y si se lo deja ambiguo, entonces las compañías están listas para aplicar toda su fuerza de ley contra los agricultores".
Es decir, Monsanto podrá demandar a quienes no les paguen las patentes, o acumulen semillas para una próxima siembra en vez de volver a comprárselas.
Derecho de Propiedad versus Derecho de Uso
Aunque la historia nunca se repite igual que antes, el Convenio UPOV que es una expresión de la globalización económica, plantea un nuevo foco de posibles conflictos entre el derecho de propiedad y el derecho de uso.
"La tierra para los que la trabajan", ha sido la máxima de los movimientos de Reforma Agraria, ahora habría que decir algo así como "Las semillas para los que las siembran".
Como contracara, las conquistas de la sociedad civil en el ámbito de los Derechos Humanos, han ido ampliando la noción del derecho de propiedad, reconociendo que éste es también un bien colectivo.
Manzur recuerda "tenemos el Convenio de la OIT, tenemos los derechos ancestrales de los agricultores a resembrar semilla, es decir a poder guardar semillas, lo cual está establecido por la FAO, y el derecho a la alimentación".
"Si las semillas aumentan de precio, entonces ya estamos hablando del aumento de precio de los alimentos. Antiguamente los derechos de propiedad no se usaban sobre medicamentos y alimentos, porque que son elementos fundamentales para la vida humana", concluye.
http://www.radiotierra.info/node/3072
